Nuevo encuentro de la Mesa Interinstitucional de Derechos Humanos para las personas privadas de la Libertad.

  • Encabezada por el ministro de Justicia y Trabajo Julián López el espacio de trabajo reunió a representantes de diferentes estamentos que comprenden al sistema penal.
  • Participaron funcionarios del Poder Ejecutivo, Poder Judicial provincial y federal, Servicio Penitenciario de la Provincia y Universidad Nacional de Córdoba.
  • La reunión repasó las acciones del Servicio Penitenciario realizadas este año, y continuó con la discusión de las inquietudes puestas en común por los representantes.

Todos los actores y estamentos que participan en la ejecución y desarrollo del sistema penal intercambiaron miradas sobre la situación penitenciaria y procesal de las personas en contextos de encierro en la provincia, en una nueva reunión de la Mesa Interinstitucional de Derechos Humanos para las personas privadas de la libertad.

La Mesa Interinstitucional se puso en funcionamiento en el 2019 con el propósito de poner en común los requerimientos de los operadores del sistema penal para mejorar su funcionamiento con vistas a la protección de derechos y calidad de vida de las personas en tratamiento penitenciario.

Si bien la Mesa de trabajo desarrolla reuniones generales en la que participan todos los representantes, el espacio facilita la articulación entre áreas específicas implicadas directamente en resolver determinadas problemáticas o desafíos que las envuelven, brindando de esta manera la generación de respuestas adecuadas a la situación de personas en contextos de encierro.

La Mesa de DDHH para las personas privadas de la libertad es encabezada por el ministro de Justicia y Trabajo Julián López y el secretario de Organización Penitenciaria Iván Ortega Tadey.

El propósito de la reunión fue dar continuidad al espacio de trabajo, presentando acciones realizadas en el 2025 que los funcionarios del Ministerio de Justicia y Trabajo consideraron importantes señalar, en un marco de intercambio por parte de los participantes en los distintos temas que se fueron enunciando.

Julián López valoró la presencia de los representantes de diferentes estamentos del Poder Ejecutivo, del Poder Judicial provincial y federal, del Ministerio Público Fiscal, del Servicio Penitenciario y de la UNC.

Como señaló López, el espacio de trabajo es atravesado por una realidad que se repite en cada una de las reuniones desde hace tiempo. “Lamentablemente el sistema penitenciario latinoamericano y argentino al que no puede escapar Córdoba, atraviesa momentos de complejidad con una causalidad de factores y que debido a esto el 21 abril de este año se dictó la ley de emergencia penitenciaria”, enmarcó el ministro.

Uno de los indicadores que incide sustancialmente en la situación penitenciaria es el aumento de su población. El aumento interanual de internos con respecto al 2024 ha sido del 11%, con un crecimiento acumulado desde el año 2020 del 51%.

López y Ortega Tadey explicaron el desarrollo de acciones del Ministerio de Justicia y Trabajo en el Servicio Penitenciario de Córdoba sobre tres ejes: reorganización del liderazgo del SPC y apoyo al personal; mejora de la seguridad y lucha contra el ingreso de elementos prohibidos; e inversión en infraestructura y programas para promover la resocialización.

En cuanto a seguridad, dieron a conocer las innovaciones realizadas en tecnología anti drones, escáneres corporales y de bolsos, sistema de identificación digital de rostros para visitas y ⁠dispositivos de tobilleras electrónicas, así como la prueba actual de un sistema de monitoreo y detección de celulares, entre otras iniciativas implementadas. En la presentación estuvo el secretario de Infraestructura Tecnológica Rodrigo Pérez Limpias.

Los funcionarios señalaron una merma importante en las tentativas de ingreso de elementos prohibidos fundamentalmente marihuana, debido a estas medidas de supervisión tanto en la detección en ingresos o en arrojos que se producen desde el exterior, o por las pesquisas en los módulos.

 

Con la participación de la secretaria de Salud Mental María Pía Guidetti y el secretario de Prevención y Asistencia a las Adicciones Santos García Ferreira del Ministerio de Salud, se dio cuenta que el Hospital Modular del Complejo Carcelario situado en Bouwer, pasa a integrar la red de hospitales generales de capital bajo la órbita del Ministerio de Salud de la Provincia. En el mismo funcionan dos alas destinadas a salud mental y dos alas para primera atención de la salud.

En tanto, se anunció la firma de un protocolo con Salud por el cual el EP3 de Mujeres a partir del requerimiento de las internas contará con un dispositivo de Atención de Adicciones. De esta manera, podrán acceder a un acompañamiento especializado y a un tratamiento integral. La Secretaría de Prevención capacitará al equipo técnico sanitario del Servicio a fin de unificar criterios de intervención y fortalecer el abordaje.

La descripción de obras de infraestructura y ampliaciones en los Complejos Carcelarios y Establecimientos Penitenciarios contó con el acompañamiento del subsecretario de Arquitectura Andrés Eduardo Caparroz del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos. Se dio cuenta de los avances del Centro de Máxima Seguridad CeMAX, de las obras en los distintos establecimientos de la Provincia para aumentar la capacidad y los servicios, así como la próxima adjudicación para ampliar la UCA.

El ministro López manifestó la intención de aumentar el número de establecimientos penitenciarios con tipología de colonia abierta en el interior como el EP4 de Montecristo, para internos de bajo perfil o a punto de recuperar su libertad.

Se mostraron los programas de educación, deportivos, recreativos y culturales destinados al desarrollo de habilidades personales, y los distintos talleres de oficios en vistas a la inserción laboral de los internos e internas.  Entre ellos el programa “ReCirulando” de reciclado de bicicletas y armado de tricicletas para personas con discapacidad; y el programa “Construyendo Oportunidades”, que facilitó la inserción laboral de 300 personas en conflicto con la ley penal.

El encuentro continúo con intercambios profundizando sobre política penal y su aplicación en miras a dar respuestas a la realidad social y penitenciaria e impactar en la baja de reincidencia. Se acordó la implementación de una mesa de trabajo reducida para tratar temas de interés a futuro en todo lo que tenga que ver con la política criminal penitenciaria de la provincia, en el marco de la Mesa Interinstitucional.