• Lo Señaló el juez Daniel Rafecas en la conferencia «El futuro de los juicios de Lesa Humanidad en la Argentina», a cuatro años de la sentencia de la Megacausa La Perla.
• Participaron el secretario nacional de Derechos Humanos, Horario Pietragalla, el director del Observatorio Nacional de DDHH, Martín Fresneda, y la abogada querellante Lillan Luque.
• La Próxima conferencia del ciclo organizado por el Ministerio de Justicia y la Comisión Provincial de la Memoria: martes 1 de Sept. sobre «La construcción cotidiana de Memorias».

Tuvo lugar el 2do encuentro del ”Ciclo de Conferencias de Memoria, Verdad y Justicia como política de Estado en Argentina”, en el marco del Día Provincial de Lucha contra la impunidad de los delitos de Lesa Humanidad.

Este encuentro del ciclo organizado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos junto a la Comisión Provincial de la Memoria, -en la fecha en que se cumplen 4 años de la histórica sentencia de la Megacausa La Perla-, invitó a dialogar sobre “El futuro de los juicios de Lesa Humanidad en la Argentina“.

Cuatro panelistas que tuvieron mucho que ver con el juzgamiento de delitos cometidos durante la última dictadura cívico militar: Horacio Pietragalla, actual secretario de Derechos Humanos de Nación; el juez federal y docente, Daniel Rafecas; Lyllan Luque, abogada querellante; y Martin Fresneda, Director del Observatorio de Derechos Humanos de Nación, reflexionaron sobre las perspectivas, el por qué, cómo, y los desafíos de avanzar en los procesos de juicio a los hechos de lesa humanidad, ante más de 250 participantes que seguían atentamente el intercambio y el análisis de los invitados través de la plataforma virtual.

Calixto Angulo, secretario de Derechos Humanos, y María Cristina, directora del Archivo Provincial de la Memoria, fueron los anfitriones que coordinaron el encuentro.

«Los participantes, en el día provincial de lucha contra la impunidad de los delitos de Lesa Humanidad -establecido por Ley 10368-, activamente dijeron y ratificaron al unisono que lo juicios de Lesa Humanidad son pilares de la democracia argentina», rescató Angulo.

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El secretario nacional, Horacio Pietragalla, señaló que hoy el Gobierno tiene preocupación en que se den los juzgamientos de todos los posibles genocidas que están acusados. “No queremos impunidad biológica. Está pedido al Poder Judicial y a la Corte Suprema de Justicia pensar estrategias para avanzar lo máximo que se pueda”, indicó. ”Tenemos puestos los ojos en exigir y reiterar los pedidos de extradición, que no se retrasen, en continuar la búsqueda de prófugos en territorios provinciales, volver a reincorporar sicólogos para que en las provincias los testigos puedan estar acompañados”, nombró el secretario.

“No veo frentes de tormenta que puedan poner en tela de juicio la continuidad de los juicios”, opinó Daniel Rafecas. ”Los juicios han superado indultos presidenciales, hemos podido superar varios obstáculos, tenemos el apoyo internacional, la exigencia y apoyo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, esto me permite ser optimista en la buena salud de los juicios” expresó.

Para poder proyectar, los panelistas en general, reconstruyeron los momentos claves en la historia de los juicios a las violaciones de los derechos humanos realizados durante la dictadura cívico militar. Una gran coincidencia, fue rescatar la movilización masiva que surgió contra el 2×1 durante el 2017, que sorprendió por su alcance tanto a los que se encuentran en el campo de la militancia de los derechos humanos como de los que se oponen a la profundización de ellas. ”Quedó muy claro que los juicios de lesa humanidad son fundamentales para la consolidación de la democracia, y un adiós definitivo a la cultura autoritaria. Los jucios ya forman parte del ADN de la identidad cultural argentina”, sostuvo Refecas.

Lillan Luque, subrayó que los procesos de delitos de lesa humanidad, nunca están basados en el trabajo individual de sujetos. Y que es necesario continuar traccionando socialmente la importancia de juzgar a los responsables del terrorismo de Estado. ”Necesitamos que la sociedad civil se involucre para que el Estado se involucre, que las organizaciones de Derechos Humanos sigan imaginando lo políticamente imposible, solo así pensando estrategias, el Estado que es el principal obligado, garantizará la reparación de los derechos vulnerados y políticas de derechos humanos”, indicó la abogada de HIJOS”.

“Los juicios constituyen una herramienta pedagógica de la no repetición”, dijo Martín Fresneda. “Debemos preocuparnos que la no repetición es que no existan solamente desaparecidos, sino también no tener clases de tortura, no tener identidades vulneradas. Hay un salto entre la sentencia de un juicio y los derechos que tenemos que cuidar”. Y en linea con Luque, marcó “los juicios no se dan solo adentro de los tribunales sino también adentro de la sociedad, es necesaria mantener viva esa llama”.

La riqueza del motivo convocante, permitió a los expositores tocar diferentes aristas. Quedaron sobre la mesa otras variables que impulsarían los procesos a delitos de lesa humanidad. Dar impulso al proceso penal acusatorio en reemplazo al modelo inquisitivo surgió con claridad. “Cuando llegue a todo el país los procesos serán mas ágiles, oralizados, públicos, transparentes, y menos extensos”, señaló el juez Refecas.

“Garantizar la fijación de audiencias de manera prioritaria, con la posibilidad de mayor número en el tiempo, y dotar de los recursos para que se hagan”, pidió también Lillan Luque.

No quedó sin mencionar que próximamente el 9 de septiembre en Córdoba, y en la provincia de Buenos Aires, nuevas victimas serán oídas. Habiéndose adaptado al nuevo contexto de pandemia, los tribunales re inician los juicios en el marco de delitos de lesa humanidad.

Próximo encuentro

1 de Septiembre. «La construcción cotidiana de Memorias»

Disertantes: María Cristina, directora del Archivo Provincial de la Memoria; Sonia Torres, Abuelas de Plaza de Mayo Córdoba; Marité Sanchez, abogada querellante, y Alejandro Mareco, periodista y escritor.

Inscripción: formulario en redes sociales del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.